El ahorro de costes es una variable necesaria en el acometimiento o desarrollo de todo negocio. En tal sentido, y aunque la crisis financiera de 2008 puso de manifiesto el escaso músculo en materia de reservas económicas y de política de riesgos de no pocos negocios, que vivían muy bien del día a día en un entorno de vacas gordas, sigue sin entenderse en el mercado que tanto el ahorro como la reducción de costes son un claro y nítido camino hacia el beneficio. De la misma forma que en el ámbito personal no ha calado el hecho de que una hipoteca no es un activo sino una obligación de pago con todo lo que ello conlleva, todavía no se ha terminado de asimilar en el empresarial que a veces, para no tener gastos importantes o costes relevantes con los que lidiar, o no interactuar con situaciones que llevan a los mismos (y a la reducción del beneficio consecuentemente), hay que invertir en una buena estructura de aseguramiento de negocio, y no nos referimos a lo actuarial. Y aquí es donde entra el asesoramiento legal preventivo. El mismo no consiste sino en contratar a un profesional, a bajo coste (ya hemos dicho en otros blogs algo que no puede ser más lógico, que nunca es lo mismo prevenir que tener que curar) y en un momento favorable en el que invertir en profesionales terceros no penaliza, para evitar que nuestro negocio se vea envuelto en situaciones de un serio y doloroso perjuicio económico. Dado que el entorno normativo cambia, dado que las situaciones de mercado nunca son iguales y que los frentes de interactuación personal y empresarial siempre son muchos y variados (todo y todos estamos regularmente sometidos a fuerzas que no podemos controlar), saber en qué lugar estamos en cada momento y si los riesgos que asumimos son mayores o menores se hace imprescindible al incidir de una forma más que contundente en la toma de decisiones a corto o medio plazo. Esto solo puede hacerse recibiendo un correcto y certero asesoramiento legal y de riesgos a nivel preventivo, el cual nunca será especialmente costoso y sí rentable. Por ello, sí que puede afirmarse que el asesoramiento preventivo es más una inversión que un gasto. En realidad, y permítasenos la licencia, aquello a lo que ahora aludimos no difiere mucho, por no decir nada, del concepto de chequeo médico.
Toda auditoría legal encaminada a detectar posibles riesgos (algo muy diferente a gestionar un problema), o bien certifica que los mismos no existen y que apenas están ahí (lo cual da confort) o bien pone de manifiesto que sí estamos sometidos a una serie de circunstancias que en el futuro pueden ser fuente de problemas financieros o de mercado o en materia de responsabilidad, que requerirán, con total seguridad, de una mayor inversión en servicios por parte de profesionales de todo tipo (no solo abogados) y en el tiempo necesario para que realicen su trabajo. Terminamos con un ejemplo; por lo general lo más caro es recibir asesoramiento en una situación de suspensión de pagos (participación de abogados propios, ajenos, de administradores concursales de peritos…), justo en el momento en el que menos se pueden afrontar costes dada la situación de la empresa. ¿No es mejor evitar una situación concursal que tener que tramitarla con los mejores profesionales?, sí que lo es, y por eso el asesoramiento legal preventivo es una inversión y no un gasto. Nunca lo agradecerá lo suficiente.